Merkley, Wyden y colegas piden que se investigue la conducta del fiscal general Barr en la represión de las protestas pacíficas en Lafayette Square

WASHINGTON, DC – Los senadores estadounidenses de Oregon, Jeff Merkley y Ron Wyden, junto con 19 de sus colegas, están solicitando que el Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, abra una investigación sobre la conducta del Fiscal General William Barr y el Departamento de Justicia al ordenar el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos alrededor de Lafayette Square el 1 de junio de 2020.

Los senadores también pidieron al Inspector General que investigue el despliegue de fuerzas del orden público federales para reprimir las protestas e intimidar a los manifestantes en todo el país y la expansión temporal de la autoridad de la Agencia de Control de Drogas para "realizar vigilancia encubierta" sobre los estadounidenses que participan en las protestas.

“Escribimos para solicitar una investigación inmediata sobre los roles del Fiscal General William Barr y del Departamento de Justicia (DOJ) en la dirección del uso de la fuerza, incluido el uso de gas lacrimógeno o un gas similar, balas de goma, bolas de pimienta y porras, para reprimir a los manifestantes pacíficos alrededor de Lafayette Square en Washington, DC, el 1 de junio de 2020”, escribieron los senadores. “Este uso indebido de la fuerza es aún más alarmante dado que el fiscal general parece haber emitido esta orden para permitir que el presidente Trump cruce la calle frente a la Casa Blanca para una sesión fotográfica política frente a la iglesia de St. John. En particular, el fiscal general Barr no solo estuvo en el lugar menos de una hora antes del uso de la fuerza para despejar a los manifestantes pacíficos, sino que también participó en la sesión de fotos del presidente Trump, posando para las fotos frente a la iglesia”.

Los senadores continuaron: “Creemos que las acciones preocupantes que hemos identificado justifican una investigación inmediata por parte de su oficina, ya que plantean serias dudas sobre mala conducta, abuso de poder y despilfarro por parte del Departamento de Justicia. Además, no parece haber dudas sobre la jurisdicción de su oficina en este asunto.

“Por lo tanto, como se detalla anteriormente, instamos a su oficina a investigar los roles del Fiscal General Barr y el Departamento de Justicia al dirigir el uso de la fuerza, incluidos gases lacrimógenos y balas de goma, contra manifestantes pacíficos cerca de Lafayette Square el 1 de junio de 2020; desplegar agentes federales para reprimir las protestas e intimidar a los manifestantes pacíficos; y ampliar la autoridad de la DEA para realizar vigilancia encubierta de los manifestantes”.

A los senadores Merkley y Wyden se unieron en el envío de la carta los senadores estadounidenses Mazie K. Hirono (D-HI), Richard Blumenthal (D-CT), Ed Markey (D-MA), Tom Carper (D-DE), Chris Van Hollen (D-MD), Ben Cardin (D-MD), Kamala Harris (D-CA), Tim Kaine (D-VA), Bernie Sanders (I-VT), Amy Klobuchar (D-MN), Sheldon Whitehouse (D -RI), Dick Durbin (D-IL), Sherrod Brown (D-OH), Kirsten Gillibrand (D-NY), Tammy Duckworth (D-IL), Chris Coons (D-DE), Patrick Leahy (D-VT ), Cory Booker (D-NJ) y Mark Warner (D-VA).

La carta completa se encuentra aquí y está disponible a continuación.

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Estimado Inspector General Horowitz,

Escribimos para solicitar una investigación inmediata sobre las funciones del Fiscal General William Barr y del Departamento de Justicia (DOJ) en la dirección del uso de la fuerza, incluido el uso de gas lacrimógeno o un gas similar, balas de goma, bolas de pimienta y porras, para reprimir manifestantes pacíficos alrededor de Lafayette Square en Washington, DC, el 1 de junio de 2020. Este uso indebido de la fuerza es aún más alarmante dado que el Fiscal General parece haber emitido esta orden para permitir que el presidente Trump cruce la calle desde la Casa Blanca para una sesión de fotos política frente a la iglesia de St. John. En particular, el fiscal general Barr no solo estuvo en el lugar menos de una hora antes del uso de la fuerza para despejar a los manifestantes pacíficos, sino que también participó en la sesión de fotos del presidente Trump, posando frente a la iglesia.

Además, le pedimos que investigue el papel del Fiscal General Barr y del Departamento de Justicia en el despliegue de las agencias federales de seguridad y aplicación de la ley para aparentemente reprimir las protestas e intimidar a los manifestantes en todo el país que ejercen pacíficamente sus derechos de la Primera Enmienda. A raíz de los brutales asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, los estadounidenses de todo el país están pidiendo el fin de la brutalidad policial y la transformación de los sistemas que perpetúan la injusticia y la desigualdad. En respuesta, el presidente Trump ha prometido “dominar” a los manifestantes.

El Fiscal General y su Departamento de Justicia parecen estar cumpliendo la promesa del Presidente al movilizar agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI); la Oficina Federal de Prisiones (BOP); los alguaciles estadounidenses; el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; Administración de Control de Drogas (DEA); y posiblemente otras agencias, contra las protestas pacíficas. Algunos de estos agentes federales parecen haber participado en el uso de la fuerza para sacar a los manifestantes del área alrededor de Lafayette Square el 1 de junio de 2020. Según relatos de testigos presenciales y filmaciones de video, los agentes federales de estas agencias y otras agencias avanzaron hacia los manifestantes pacíficos con botes de humo, bolas de pimienta, escudos antidisturbios, porras y oficiales a caballo, con poca advertencia antes del toque de queda de las 7 pm. Dispararon balas de goma a los manifestantes, incluso cuando los manifestantes se retiraban. Dejaron caer botes de gas para explotar a varios pies de un centenar de personas o más. Empujaron a los manifestantes e incluso golpearon a un equipo de cámaras de noticias con porras. Estas acciones ameritan una investigación inmediata. 

Además, nos preocupa el despliegue de agentes federales que están capacitados para lidiar con disturbios en prisiones, situaciones de rehenes u otras circunstancias similares, pero que no están adecuadamente capacitados para proteger los derechos constitucionales de los estadounidenses que participan en protestas pacíficas. Estas preocupaciones se ven amplificadas por el hecho de que algunos de los oficiales federales se desplegaron con equipo antidisturbios genérico sin mostrar ninguna insignia de identificación y se negaron a identificarse cuando se les preguntó. La falta de información de identificación socava la rendición de cuentas y fomenta la desconfianza en la aplicación de la ley.

También estamos profundamente preocupados por los informes de que el Departamento de Justicia ha ampliado temporalmente la autoridad de la DEA para "realizar vigilancia encubierta" y recopilar inteligencia sobre los estadounidenses que ejercen sus derechos constitucionales para protestar por el asesinato de George Floyd. Según Buzzfeed News, el Departamento de Justicia también autorizó a la DEA a compartir inteligencia con las autoridades policiales locales y estatales e intervenir en un papel de aplicación de la ley en las protestas. Esta expansión de la autoridad de la DEA parece ser un mal uso de los poderes del Departamento de Justicia que justifica una mayor investigación.

Creemos que las acciones preocupantes que hemos identificado justifican una investigación inmediata por parte de su oficina, ya que plantean serias dudas sobre mala conducta, abuso de poder y despilfarro por parte del Departamento de Justicia. Además, no parece haber dudas sobre la jurisdicción de su oficina en este asunto.

Por lo tanto, como se detalló anteriormente, instamos a su oficina a investigar los roles del Fiscal General Barr y el Departamento de Justicia al dirigir el uso de la fuerza, incluidos gases lacrimógenos y balas de goma, contra manifestantes pacíficos cerca de Lafayette Square el 1 de junio de 2020; desplegar agentes federales para reprimir las protestas e intimidar a los manifestantes pacíficos; y ampliar la autoridad de la DEA para realizar vigilancia encubierta de los manifestantes.

Atentamente,

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